El
PP-A ha lanzado este lunes un órdago al Gobierno de Andalucía y ha advertido de
que los municipios donde gobierna "no van a ejecutar" los contratos
previstos en el plan de empleo joven (Emple@joven) y en el de lucha contra la
exclusión social mientras la Junta de Andalucía no les transfiera el dinero
para pagar estas nóminas. La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha
recordado que los consistorios llegan a duras penas a pagar los salarios de sus
trabajadores por lo que no pueden asumir este gasto para los 25.000 contratos
del Emple@joven que calcula la Junta de Andalucía, por una parte, y los 40
millones de euros para contrataciones del plan contra la exclusión social, por
otra.
Cabe
recordar que los populares gobiernan en 265 municipios de Andalucía que de
momento boicotearían estos dos planes estrella de la presidenta Susana Díaz
-los dos fueron anunciados por ella como claves dentro de su lucha contra el
paro- pese a que inicialmente "sí se van a adherir en los plazos
establecidos", en palabras de Dolores López. Ésta ha explicado que los
consistorios "sí quieren contratar, pero no tienen tesorería para
ello". Y los que la tienen, "no van a sacrificarlo a costa de obras
que puedan ser importantes en sus municipios u otros servicios sociales vitales
que ya prestan".
El
decreto que regula el Emple@joven, que se basa sobre todo en prácticas para
menores de 30 años, establece que las administraciones locales deberán abonar
el pago de las becas a sus beneficiarios "por mensualidades vencidas (...)
con independencia del momento de abono de la ayuda concedida" por la Junta
de Andalucía. Con este plan, la Junta de Andalucía calcula que podrán ser
contratados para prácticas de unos seis meses de duración unos 25.000 jóvenes.
Las diferentes líneas de actuación que incluye este plan suman un presupuesto
de 98,7 millones de euros para 2014.
En
cuanto al decreto de lucha contra la exclusión social establece, por un lado,
un presupuesto de 40 millones de euros para contrataciones de personas de
familias que ingresen entre 1 y 1,7 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (Iprem), y por otro, dos millones de euros con los que se
calcula poder contratar a 800 perceptores del salario social (son más de 55.000
en Andalucía) y que puedan ser rescatados para el mercado laboral…. Ampliar la información en eldiario.es
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