El secretario general del PSOE de Andalucía, Pepe Griñán, alerta del
daño “político y de reputación” causado por la difusión, por parte del PP y
antes de que haya notificación oficial, del último auto de la juez Alaya, pese
a que “no hay imputación” porque “no hay principios de prueba” ni remisión de
la causa al tribunal competente
El secretario general del PSOE de Andalucía, Pepe
Griñán, también presidente federal socialista, ha denunciado hoy tras el último
auto de la juez de Instrucción Mercedes Alaya difundido que “sin indicios,
hechos imputables ni pruebas se ha colocado a siete personas aforadas
mencionadas en una situación muy difícil al quedar en total indefensión ante la
opinión pública por la utilización ruidosa y sin fundamento de la palabra
‘imputado’ y por la tergiversación del artículo 118 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal”.
Para el ex presidente de la Junta, este último
auto resulta “inclasificable desde el punto de vista procesal”, toda vez que
“no hay imputación, no hay petición de imputación, no hay hechos objeto de
imputación individual, no hay indicios, no hay principios de prueba, no hay
remisión de la causa al órgano jurisdiccional competente”.
Así las cosas, y aún a la espera de una
notificación oficial porque “me he enterado por la prensa”, ha cuestionado
“¿por qué este auto? ¿Por qué se difundió el día 10 sin habérselo hecho saber a
los mencionados? ¿Por qué se difundió en el momento exacto de la toma de
posesión del nuevo Gobierno por el Partido Popular, que lo entregaba en rueda
de prensa con su argumentario sin que lo conociéramos ni los citados en el
auto, ni los letrados de las partes personadas?”.
Griñán ha insistido en que el auto “se limita a
usar la palabra imputado sin imputar a nadie”, causando desconcierto y
permitiendo “cualquier especulación”. Ha subrayado que esta actuación judicial
no sólo “no procede” porque el aforamiento de las personas señaladas deja sin
competencias al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sino también porque
“no hay razones para solicitar la imputación a quien pudiera hacerlo”.
Riesgo de prevaricación de la magistrada
El responsable socialista ha afirmado que la
instructora no hace imputaciones “porque no las hay”, y ha apuntado que, “si
hubiera indicios o principios de prueba para imputar y no hubiera elevado la
causa, la jueza habría incurrido en prevaricación, algo descartable y que nos
lleva lógicamente a que no hay indicio alguno para pedir la imputación”.
Ha explicado que el artículo 118 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Civil al que se refiere el auto abre la vía a personas
denunciadas o querelladas, “sin que en este caso haya denuncia o querella que
narre qué delito se imputa para ejercer la defensa”. De hecho, ha considerado
innecesario que la juez recuerde este precepto legal porque “no añade nada
jurídicamente” y “no modifica la situación procesal” de los afectados, pero sí
“ha provocado otros efectos en lo mediático y en lo político y daños personales
innecesarios en nuestra reputación”.
En su opinión, resulta “sarcástico” que en el
auto “se hable de reducir la presión mediática sobre los aforados y que se
difunda sin notificación alguna el mismo día en que se constituye el nuevo
Gobierno”. Ha calificado también de “chocante” que “se diga que las diligencias
puedan producir un efecto multiplicador por la influencia negativa de los
medios de comunicación sobre los aforados, porque no creo que los medios tengan
ninguna influencia negativa si no se les conduce a confusión. Los efectos
mediáticos no están en los medios de comunicación”.
En este sentido, Pepe Griñán ha lamentado que fue
la oposición la que difundió este último auto, criticando que el presidente
regional del PP, Juan Ignacio Zoido, “que se dice jurista”, haya cambiado de
opinión al decir primero “que estamos imputados y hoy, sólo señalados. Ya no
vale condenados o imputados, ahora implicados o señalados. No sé dónde se
quiere llegar”.
El dirigente socialista ha dejado claro que la
Junta siempre ha colaborado y colabora con la Justicia para la determinación de
responsabilidades en las irregularidades detectadas en el uso de ayudas
públicas a empresas en crisis, y que los responsables “paguen las consecuencias
de sus actos y se reintegren fondo presuntamente defraudados”. “El delito está
en la mala utilización del procedimiento por quienes pudieron defraudar”, ha
afirmado, y se ha referido a que la juez Alaya señala en su escrito que ese
proceso administrativo eludió controles establecidos por la normativa en 2000
cuando la Ley de Subvenciones se aprobó en febrero de 2004.
“Siempre que se produce una decisión judicial nos
apresuramos a declarar nuestro respeto por la Justicia y me sumo, pero añado
que la división de poderes exige un delicado equilibrio que no implica la
jerarquización ni sumisión de uno a otro, sino su equilibrio mediante imperio
de la ley”, ha aseverado Griñán. Por eso, ha solicitado el mismo respeto para
los poderes Ejecutivo y Legislativo, más cuando “de esta relación de mutuo
respeto depende el funcionamiento de la democracia en un Estado Social y
Democrático de Derecho”.
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