En tiempos de crisis los recortes financieros suelen afectar a las políticas de bienestar social, y aún pareciendo esta circunstancia lógica, no se debe entender estas políticas como un gasto superfluo al modo en que lo entiende la derecha, dejando en manos de un mercado que busca el beneficio económico demasiadas veces alejado del beneficio social, los servicios del bienestar.
Es precisamente en tiempos de crisis cuando el desarrollo de los distintos servicios relacionados con el bienestar social cobran más sentido, haciéndose más necesarios al aumentar el peligro de exclusión hacia las clases medias. Y es en estas políticas donde los ayuntamientos cobran un papel clave al ser, como se repetirá hasta la saciedad, la administración más cercana al pueblo, donde el ciudadano se convierte verdaderamente en el recpetor y en parte responsable de un Estado del Bienertar, encauzado a través de la participación en el diseño de las políticas sociales en el municipio.
Los servicios sociales han pasado por varias etapas desde su tímidad implantación inicial en nuestro país, llegando a un grado de desarrollo que nos sitúa entre los países más avanzados en este ámbito gracias a políticas socialistas, gracias a un sentimiento y entendimiento de lo público y lo social de izquierdas, y en este punto, para seguir avanzando en el campo del bienestar los ciudadanos deben implicarse como no simple parte receptora, sino como parte activa del desarrollo de estas políticas, un ciudadano bien informado y mejor formado que se siente participe en la responsabilidad del diseño de dichas políticas sociales encauzadas a través de un cuerpo técnico multidisciplinar. Siendo así, los programas electorales relacionados con lo social, deben contemplar la nacesidad de que cada ciudadano pueda realizar su proyecto vital adaptado a cada etapa de la vida fomentando un papel primordial de la familia en cualquiera de sus distintas modalidades como papel socializador; es más, hay que aspirar a unos servicios sociales en los que se preste atención a las familias a través de nuevas actividades y servicios. Por otro lado, la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se constituye como un instrumento que bien utilizado por los Ayuntamientos permitirá una mejora de los recursos existentes, haciendose necesario para ello gestores capaces de planificar los recursos jurídicos y económicos con el objeto de maximizarlos. Todos estos recursos deben ser programados, más en una época que impone recortes de gasto público adoptando criterios de eficacia y eficiencia, y buscando no aumentar la carga fiscal de nuestros ciudadanos.
Es de desar, pues que nuestro partido esté atento a los cambios sociales que ha habido, a nuevas formas de organización y aumento de la influencia de otros valores y otras culturas, a sus peculiaridades económicas para disñear programas en los que el fin último sea que los ciudadanos vivan acordes con sus metas vitales.
Firmado: Bartolomé Marín Romero
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